Reacciones al artículo de Público contra Emilio Casares y el ICCMU.

No se han hecho esperar las reacciones en contra del artículo que el periódico Público lanzó el pasado día 27 de julio, en relación a la supuesta atribución de la autoría de “La Revoltosa” por parte de Emilio Casares, quien ha realizado un arreglo de dicha zarzuela, editada por el ICCMU. En los comentarios que que algunos lectores de este blog realizaron tras el artículo, ya se tocaron algunos puntos de la misiva que 22 profesores e investigadores de Musicología de la UCM han enviado al periódico en cuestión explicando algunos conceptos y pidiendo rectificación. Esta carta está disponible en un documento de Google Docs accesible, de momento, desde el perfil del Departamento de Musicología de la UCM en Facebook y que transcribo a continuación:

Distinguido Sr.:

El pasado 27 de julio, en el periódico que Vd. dirige, apareció un artículo titulado “La SGAE se queda con ‘La revoltosa’ y se olvida de Chapí”. La idea primordial de ese artículo es que Emilio Casares, director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), edita con su nombre obras musicales españolas del pasado que ya no generan derechos de autor, y gracias a esas ediciones cobra unos derechos a los cuales no está moralmente autorizado; según el artículo, además, el ICCMU tiene un monopolio que obliga a alquilar sus partituras.

Responder a esto ocuparía un espacio muy extenso y la respuesta sería, nos tememos, demasiado técnica. Por eso queremos hacer solamente algunas puntualizaciones muy breves y sencillas.

Traducir un libro, traducir una obra de teatro o adaptarla para su interpretación sobre el escenario, preparar todos los materiales musicales de una obra del pasado para que en pocas horas de ensayo toda una orquesta sinfónica sea capaz de reproducirla son tareas muy arduas. Tan arduas que a ellas tradicionalmente se les ha asignado un papel muy cercano al de la creación original, pues una traducción, una versión teatral o una edición de música son el último eslabón en la cadena creativa, son lo que llega al consumidor, y por ello es fundamental que sean un trabajo que no desmerezca de la calidad de la obra original.

Por otra parte, si un lector quiere leer el original en lugar de la traducción, puede hacerlo sin ningún problema. Si un director de teatro quiere hacer su propia traducción o adaptación de una comedia, nadie le impide hacerlo. Si un director de orquesta prefiere consultar los materiales originales u otras ediciones, lo puede hacer muy libremente. Es decir: publicar una edición musical, una traducción o una adaptación no obliga a nadie a emplear esa y únicamente esa edición, traducción o adaptación.

En resumen: si un director musical decide no utilizar los materiales del ICCMU para montar una zarzuela, lo puede hacer con total libertad. Puede utilizar los manuscritos originales, puede realizar él mismo su edición a partir de esos manuscritos, puede reelaborar y cambiar todo cuanto quiera. Y puede tal vez registrar esos cambios y reelaboraciones, y cobrar como coautor o como autor de la reelaboración. La edición del ICCMU es una opción que está a la mano pero que de ninguna manera es de uso obligatorio. Es rotundamente falso que el ICCMU tenga el monopolio sobre esas obras. El “subterfugio legal” del que habla el Sr. Escolar no es sino la trasposición del artículo 5 de la directiva europea 93/98/EEC, que prevé que las ediciones críticas y científicas generen derechos de autor por un plazo de 30 años.

Creemos que el artículo del Sr. Escolar presenta un panorama muy alejado de la realidad. En él leemos que el ICCMU es “un centro de investigación público sin ánimo de lucro, participado por la SGAE”. Nos parece que en estos momentos en que se ha cuestionado tanto la actividad de la SGAE (asunto totalmente ajeno a esta nota), escribir un artículo sobre el ICCMU en el que se le pretende vincular a los presuntos abusos de la SGAE es una manera demasiado fácil de asegurarse el éxito entre un cierto tipo de lectores, sin que importe si una institución como el ICCMU o su director queden, en la idea de muchos de ellos, infamados para siempre.

El ICCMU, como ya su nombre lo indica, depende de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene su sede en el Palacio de Longoria, tan tristemente célebre en las últimas tres semanas. Ha publicado centenares de libros relacionados con la música española, es el editor de algunas revistas fundamentales para la comprensión de nuestra historia musical y ha publicado el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana y el Diccionario de la Zarzuela. Toda esa vasta labor editorial no es, desde luego, de obligatoria lectura. Sin duda, mucha gente la desconoce. Pero como toda empresa editorial, el ICCMU genera derechos de autor que son legítimos y que sólo pagan quienes se benefician de su actividad.

Sr. Director de Público: los abajo firmantes, profesores e investigadores del Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid, no tenemos la menor duda de que publicará Vd. esta carta, pues estamos seguros de que la libertad de expresión es uno de los valores del periódico que Vd. dirige.

(Firmado: 22 profesores e investigadores de Musicología de la UCM)

2 comentarios

  1. Que casualidad…los abajo firmantes son todos profesores de Historia y Ciencias de la Música en la Complutense. ¿Por qué no firman también los musicólogos de los conservatorios? Me da vergüenza que gran parte del patrimonio musical español esté en manos de esta gente que solo busca lucrarse, y que además, los verdaderos musicólogos, los que nos tiramos 15 años en un conservatorio, nunca podamos acceder a estos materiales. Indignante.

    • Es un tema complicado, la verdad… Los profesores han reaccionado porque al fin y al cabo han visto atacado un instituto de su Universidad. Lo otro es un debate que es cierto, existe entre l@s musicólog@s que han elegido uno u otro camino…
      ¡¡Saludos Lili!!

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