Curso de descripción de música notada AEDOM

La Asociación Española de Documentación Musical, en colaboración con la Sociedad General de Autores y Editores, ha organizado un Curso de descripción de música notada: normas generales y problemas específicos.

Las clases tendrán lugar en la sede de la SGAE en Madrid los días 29 de noviembre al 1 de diciembre del presente año. El precio para los socios de AEDOM es de 85 €.

Podéis encontrar más información en el folleto adjunto y en la secretaría del curso:

Jorge García
Instituto Valenciano de la Música
Plaza de Viriato s/n, 46001 Valencia
963 184 510 admin@aedom.org

Reacciones al artículo de Público contra Emilio Casares y el ICCMU.

No se han hecho esperar las reacciones en contra del artículo que el periódico Público lanzó el pasado día 27 de julio, en relación a la supuesta atribución de la autoría de “La Revoltosa” por parte de Emilio Casares, quien ha realizado un arreglo de dicha zarzuela, editada por el ICCMU. En los comentarios que que algunos lectores de este blog realizaron tras el artículo, ya se tocaron algunos puntos de la misiva que 22 profesores e investigadores de Musicología de la UCM han enviado al periódico en cuestión explicando algunos conceptos y pidiendo rectificación. Esta carta está disponible en un documento de Google Docs accesible, de momento, desde el perfil del Departamento de Musicología de la UCM en Facebook y que transcribo a continuación:

Distinguido Sr.:

El pasado 27 de julio, en el periódico que Vd. dirige, apareció un artículo titulado “La SGAE se queda con ‘La revoltosa’ y se olvida de Chapí”. La idea primordial de ese artículo es que Emilio Casares, director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), edita con su nombre obras musicales españolas del pasado que ya no generan derechos de autor, y gracias a esas ediciones cobra unos derechos a los cuales no está moralmente autorizado; según el artículo, además, el ICCMU tiene un monopolio que obliga a alquilar sus partituras.

Responder a esto ocuparía un espacio muy extenso y la respuesta sería, nos tememos, demasiado técnica. Por eso queremos hacer solamente algunas puntualizaciones muy breves y sencillas.

Traducir un libro, traducir una obra de teatro o adaptarla para su interpretación sobre el escenario, preparar todos los materiales musicales de una obra del pasado para que en pocas horas de ensayo toda una orquesta sinfónica sea capaz de reproducirla son tareas muy arduas. Tan arduas que a ellas tradicionalmente se les ha asignado un papel muy cercano al de la creación original, pues una traducción, una versión teatral o una edición de música son el último eslabón en la cadena creativa, son lo que llega al consumidor, y por ello es fundamental que sean un trabajo que no desmerezca de la calidad de la obra original.

Por otra parte, si un lector quiere leer el original en lugar de la traducción, puede hacerlo sin ningún problema. Si un director de teatro quiere hacer su propia traducción o adaptación de una comedia, nadie le impide hacerlo. Si un director de orquesta prefiere consultar los materiales originales u otras ediciones, lo puede hacer muy libremente. Es decir: publicar una edición musical, una traducción o una adaptación no obliga a nadie a emplear esa y únicamente esa edición, traducción o adaptación.

En resumen: si un director musical decide no utilizar los materiales del ICCMU para montar una zarzuela, lo puede hacer con total libertad. Puede utilizar los manuscritos originales, puede realizar él mismo su edición a partir de esos manuscritos, puede reelaborar y cambiar todo cuanto quiera. Y puede tal vez registrar esos cambios y reelaboraciones, y cobrar como coautor o como autor de la reelaboración. La edición del ICCMU es una opción que está a la mano pero que de ninguna manera es de uso obligatorio. Es rotundamente falso que el ICCMU tenga el monopolio sobre esas obras. El “subterfugio legal” del que habla el Sr. Escolar no es sino la trasposición del artículo 5 de la directiva europea 93/98/EEC, que prevé que las ediciones críticas y científicas generen derechos de autor por un plazo de 30 años.

Creemos que el artículo del Sr. Escolar presenta un panorama muy alejado de la realidad. En él leemos que el ICCMU es “un centro de investigación público sin ánimo de lucro, participado por la SGAE”. Nos parece que en estos momentos en que se ha cuestionado tanto la actividad de la SGAE (asunto totalmente ajeno a esta nota), escribir un artículo sobre el ICCMU en el que se le pretende vincular a los presuntos abusos de la SGAE es una manera demasiado fácil de asegurarse el éxito entre un cierto tipo de lectores, sin que importe si una institución como el ICCMU o su director queden, en la idea de muchos de ellos, infamados para siempre.

El ICCMU, como ya su nombre lo indica, depende de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene su sede en el Palacio de Longoria, tan tristemente célebre en las últimas tres semanas. Ha publicado centenares de libros relacionados con la música española, es el editor de algunas revistas fundamentales para la comprensión de nuestra historia musical y ha publicado el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana y el Diccionario de la Zarzuela. Toda esa vasta labor editorial no es, desde luego, de obligatoria lectura. Sin duda, mucha gente la desconoce. Pero como toda empresa editorial, el ICCMU genera derechos de autor que son legítimos y que sólo pagan quienes se benefician de su actividad.

Sr. Director de Público: los abajo firmantes, profesores e investigadores del Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid, no tenemos la menor duda de que publicará Vd. esta carta, pues estamos seguros de que la libertad de expresión es uno de los valores del periódico que Vd. dirige.

(Firmado: 22 profesores e investigadores de Musicología de la UCM)

Santiago Auserón, por la ‘redefinición’ de los derechos de autor

Santiago Auserón

El cantante Santiago Auserón

Santiago Auserón, ex líder de Radio Futura, ha elaborado un comunicado para recabar adhesiones entre los músicos en el que se denuncia que Cultura y la industria discográfica comprometen la independencia que debería gobernar la SGAE y en el que se pide una “redefinición” de los derechos de autor.

Auserón ha sido el encargado de la redacción de un llamamiento que ya han suscrito, entre otros, Maite Martín o Chicuelo, a partir de una reunión el día 11 en el Taller de Musics de Barcelona de autores de los circuitos del pop, rock, jazz, flamenco y clásica a propósito de la crisis ocurrida en la SGAE.

El comunicado, difundido este martes, subraya que los músicos están siendo “dañados” por la “actual crisis de la SGAE” por el posible desvío de fondos, la gestión orientada hacia inversiones distintas a los fines de la sociedad, y “el ejercicio de su influencia política en la aprobación de una legislación muy discutida acerca del canon digital”.

Quieren que se debata “el significado del derecho de autor” y el modo en que ha de retribuirse el uso de las obras, “sin que haya que imponer a los ciudadanos un impuesto para precaverse de la copia privada”. Y entienden que la gestión de la SGAE se ha convertido en “aliada” de la industria porque “mientras pactaba tratos de favor con las grandes corporaciones, buscaba apoyo legislativo para ejercer un control férreo sobre los usos particulares de las obras”.

Es necesario, apuntan, prestar atención al papel que juegan en la SGAE las editoriales, “que controlan grandes catálogos de repertorio”, y hacer explícitas sus relaciones con las empresas discográficas y con las grandes corporaciones de comunicación.

Además, afirman, “la dimensión del entramado financiero que la SGAE ha adquirido” la ha convertido en “pieza clave” de la política cultural, llevándola a mantener con el ministerio de Cultura “unas relaciones que comprometen su independencia”.

“El Ministerio, por ausencia de legislación efectiva, se declara oficialmente al margen, pero en la práctica ha pactado con la SGAE las líneas generales de su funcionamiento”, afirma el comunicado. La SGAE, dicen, debe ser refundada, o sus estatutos cambiados para modificar, entre otros aspectos, el sistema de representación, que ahora “favorece la especulación y la acumulación de poder”.

Rebelión en la Junta directiva de SGAE

Los también músicos Teo Cardalda e Inma Serrano, miembros de la Junta Directiva de la SGAE, han remitido una carta a la ministra de Cultura y a la Comisión Rectora de la entidad, a la que se han adherido esta misma tarde otros cinco miembros de la junta, en la que subrayan que ésta carece de facultades para convocarles y determinar el orden del día.

La delegación de facultades de la Junta Directiva en esa Comisión Rectora, cuyas propuestas son una “mera recomendación”, afirman, sirve “para llevar la gestión ordinaria de la sociedad, dotarse de un presidente y crear una investigación interna sobre los hechos”.

“Pues bien”, concluyen, “a la fecha no tenemos constancia de que se haya nombrado presidente lo que les convierte en órgano extra estatutario e incompleto, situación que deberían remediar o someterse a las decisiones de la Junta Directiva al respecto”. Los otros miembros de la junta adheridos a esa carta son Santiago Moncada, Pascual González, Queco Ruíz, Mikel Erentxun y Alberto Comesaña.

De otro lado, la Asociación de Internautas ha pedido hoy al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información una reunión extraordinaria del Pleno de su Consejo Asesor para proponer que Industria se persone como acusación particular en la causa contra la SGAE. Entienden que están en entredicho las subvenciones asignadas a esa entidad y a empresas vinculadas, como Microgénesis y SDAE

La SGAE se queda con ‘La Revoltosa’ y se olvida de Chapí

Fuente: Público.es

Cada vez que alguna orquesta en el mundo interpreta “La Revoltosa”, de Ruperto Chapí, hay un autor que cobra. No es el maestro Chapí, que murió hace ya 102 años, ni los creadores del libreto de esta famosa zarzuela: Carlos Fernández Shaw y José López Silva, también muertos. Tampoco sus herederos: esta obra, en teoría, ya está en el dominio público y no debería generar derechos de autor. El “compositor” vivo de La Revoltosa, el único que aún cobra derechos, nació más de medio siglo después de que esta zarzuela se estrenase. Se llama Emilio Casares Rodicio y tiene su despacho en el sótano del palacio de Longoria, en la sede de la SGAE en Madrid.

Emilio Casares es el director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), un centro de investigación público sin ánimo de lucro, participado por la SGAE, que se dedica a reeditar y recuperar viejas obras del patrimonio musical español. En la práctica, el ICCMU tiene el monopolio de gran parte de las partituras de las que se nutren las orquestas y los teatros porque es el único que accede a los archivos de la SGAE. Cada vez que una orquesta quiere interpretar alguna obra clásica española, tiene que pasar por sus partituras, que se alquilan para cada función.

El Teatro de la Zarzuela pagó 20.000 euros por La Revoltosa

Casares no sólo tiene a su nombre la partitura de La Revoltosa, de Chapí. También aparece como “autor” -según la propia base de datos de la SGAE, que se puede consultar en Internet- de otras zarzuelas del siglo XIX como “Pan y toros”, “Mis dos mujeres” o “Los diamantes de la corona”, compuestas por Francisco Barbieri; o “La viejecita”, de Manuel Fernández Caballero.

En teoría, todas estas zarzuelas están libres de derechos. Según la ley española, a los 80 años de la muerte del autor, la obra pasa al dominio público. Este plazo de 80 años rige igual para cualquier creación, sea un libro, un drama teatral o una zarzuela. No hay que pagar derechos, por ejemplo, por reeditar a Cervantes o por interpretar una obra de Lope de Vega.

Sin embargo, la ley permite reelaborar versiones sobre obras ya creadas y estas reediciones generan nuevos derechos de autor durante 25 años más. La ley no obliga a que la versión sea muy diferente de la original. Basta con cambiar tres notas, o una simple coma, para que, a efectos legales, sea una obra nueva por la que se puede volver a cobrar.

La ley permite registrar versiones casi idénticas de obras ya libres

Por medio de este subterfugio legal, la SGAE sigue recaudando a través de las partituras que elabora el ICCMU por zarzuelas del siglo XIX que ya han pasado al dominio público. También cobran derechos los nuevos “autores”: los que firman esas nuevas versiones que, técnicamente, el ICCMU llama “ediciones críticas”.

Esta práctica que permite burlar la extinción del derecho de autor no es exclusiva de la SGAE. Sucede algo similar con gran parte del repertorio de ópera. En teoría, las óperas de Rossini o las sinfonías de Mozart son libres. Pero sus partituras no lo son.

Según Emilio Casares, la función del ICCMU no es perpetuar el derecho de autor de estas obras sino permitir que se interpreten: “La zarzuela se tocaba a partir de ediciones de canto y piano, no había ni una partitura de orquesta de zarzuela hasta 1992, cuando hicimos en el instituto la primera”. Casares justifica que se cobre derechos de autor por estas ediciones críticas “porque así lo dice el artículo 128 de la ley de la Propiedad Intelectual”. “Yo no veo maldad en esa ley, me parece una ley positiva. Creo que es de justicia que se cobren derechos durante 25 años porque recuperar esas partituras es un trabajo de chinos. La edición crítica tiene la misma función que preservar una catedral, o un códice”, asegura Casares. Según sus datos, alrededor del 80% de las partituras que recuperan no están en el dominio público. “Negociamos con los herederos para que cedan un porcentaje de entre el 10% y el 20% al instituto, a la editorial y al autor de la edición crítica. En el caso de que sea una obra que estén en el dominio público, el 40% es para la editorial, el 30% para el autor y el 30% para el instituto”.

Las nuevas reediciones cobran derechos durante 25 años más

En el caso de La Revoltosa, por ejemplo, el último de sus tres autores en morir fue José López Silva, que falleció en Buenos Aires en 1925. A los 80 años, en el 2005, esta zarzuela pasó a dominio público. La edición crítica de Casares es del año 2006.

Los cambios que incluye esta edición crítica de La Revoltosa son prácticamente indistinguibles del original. Concretamente, Casares suprime las articulaciones de notas picadas en trompetas y trombones del preludio -seis notas en total-, pone entre corchetes tres compases y añade la nota fa a la partitura del oboe en el compás 325. Gran parte de estas modificaciones están ya registradas en la versión de La Revoltosa que grabó el director de orquesta Ataulfo Argenta en 1951. Para cualquier oído, sea experto o no, las diferencias son prácticamente imposibles de encontrar al escuchar la obra.

El 10% de la taquilla

Si Casares hubiese elaborado su edición crítica antes de que La Revoltosa pasase a dominio público, habría tenido que compartir los derechos que generase su adaptación con los herederos de los autores de esta zarzuela. Al hacerlo después, todo lo que recaude esa partitura es para él y para su editor, que es la empresa Arteria Promociones Culturales SL: una de las sociedades con ánimo de lucro del entramado de la SGAE, según figura en el propio archivo de SGAE. “Es un error informático”, asegura Casares. “La verdadera editora es la Fundación Autor”.

Al año siguiente de que Casares registrase su edición crítica de La Revoltosa, el Teatro de la Zarzuela de Madrid cerró su temporada lírica con la representación de esta obra. Fue durante un mes: del 22 de junio al 22 de julio de 2007. Los herederos de Chapí no vieron un euro de aquella representación. Sí cobraron, mientras tanto, Emilio Casares y la SGAE, a través de su editorial. Según el Ministerio de Cultura, el Teatro de la Zarzuela pagó por La Revoltosa 4.071 euros por el alquiler de las partituras y otros 19.826 euros por los derechos de autor, sólo por estas representaciones.

Caballé: “Los impuestos de la SGAE sobre la zarzuela son altos”

Los precios por los derechos y las partituras que se pagan por las zarzuelas han provocado quejas, incluso por parte de artistas de renombre, como Montserrat Caballé. “Fuera de España, siempre me gusta incorporar una parte de zarzuela; sin embargo, en muchas ocasiones resulta imposible porque se dice que los impuestos de la SGAE sobre los autores españoles son muy elevados”, denunciaba Caballé en una entrevista el año pasado en el diario El Comercio. “Me acaba de ocurrir en el Carnegie Hall, de Nueva York. Yo me enfadé mucho, pero no es nada nuevo. Se quejan igual en Viena o en Berlín”.

Además de Emilio Casares, otros muchos autores han estado registrando ediciones críticas de viejas zarzuelas por encargo del ICCMU. En su caso, es más relevante porque es Casares quien encarga estos trabajos, a través del instituto que dirige. “Sería una inmoralidad que no hiciese ninguna edición crítica”, argumenta Casares. “Tengo que hacer alguna porque si no dirían que soy un caradura que no sé hacer ese trabajo”.

El objetivo inicial de ese proyecto era recuperar partituras que estaban muy deterioradas. En muchas de esas obras, la versión crítica está más justificada porque el compositor que restaura la partitura tiene que reconstruir, literalmente, algunos fragmentos perdidos cotejando distintas versiones. Sin embargo, tienen menos sentido las ediciones críticas de las obras más famosas de Chapí o Barbieri, que nunca han dejado de interpretarse y cuyas partituras estaban perfectamente conservadas.

Irónicamente, uno de los fundadores de la SGAE, en 1899, fue el maestro Chapí.

Las páginas de enlace no vulneran la Ley Sinde

La Audiencia de Barcelona ha confirmado una sentencia que exoneraba a una web de enlaces a páginas P2P que permiten la descarga de archivos audiovisuales –películas, series y música, especialmente–, al entender que dirigir a los usuarios a páginas que permiten las descargas, no vulnera la ley Sinde, sobre el derecho a la propiedad intelectual.

   El juzgado mercantil número 6 de Barcelona se pronunció en este sentido tras la denuncia presentada por la SGAE contra la página de enlaces indice-web.com, que ofrece enlaces para descargas en redes P2P, pero no almacena ningún tipo de contenido, realizándose la descarga entre esas redes y el usuario sin que la web denunciada medie para hacerlo, y sin cobrar un servicio directo ni a través de publicidad.

   La Audiencia, sobre la que ha recaído el recurso de la SGAE, ha determinado que la cuestión de debate es “si enlazar una obra que el demandado no aloja puede suponer una infracción de los derechos de propiedad intelectual y, en concreto, si puede ser una copia o comunicación pública”, según relata en la sentencia.

Para la SGAE está acreditada la participación activa de esta web en la oferta de contenidos musicales, ya que no se limita a crear un índice que favorece y orienta a los usuarios para acceder a redes de intercambio, sino que toma parte directa en la “selección, clasificación, filtrado y organización de los contenidos enlazados”, incluyendo la foto de la portada, un comentario ilustrativo y un ranking de los archivos más descargados.

   En una red de archivos P2P, quien dispone de una película o archivo musical lo introduce en una carpeta de archivos compartidos, a la que cualquiera puede tener acceso mediante un programa ‘cliente P2P’ y descargarlo, con lo que se realiza un acto de reproducción no amparado por el uso privado de la ley, y por ello realiza un acto de comunicación pública.

   Pero la Audiencia entiende que el titular de la página demandada no lleva a cabo directamente estos actos: no realiza ninguna reproducción, ya que se limita a sustraer el link a través del cual sí se podría llevar a cabo el acto de comunicación pública que la SGAE trataba de imputarle.

   “El ofrecimiento del enlace no supone un acto de disposición del archivo, razón por la cual no cabe hablar de la ‘puesta disposición’ en que consiste la actividad tipificada en la ley de propiedad intelectual, como acto de comunicación pública”.

   Con todo, la Audiencia ha estimado el recurso de la SGAE sólo en lo que concierne a la no imposición de costas procesales por tratarse de un caso novedoso “que suscita serias dudas de hecho y de derecho”.

Fuente: europa press.

Me voy un ratito, y la que se lía…

Y es que no se puede dejar solo a nadie…

Llego y me entero de que José Luis Rodríguez Neri, director Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE),  ha estado desviando casi 30 millones de euros de la SGAE, una sociedad centenaria fundada para proteger los derechos de los autores y editores españoles -menos mal que Sinesio Delgado o Chapí ya no están para ver en qué ha derivado su esfuerzo de esos primeros años-. Las consecuencias y reacciones no se han hecho esperar:  Neri a prisión bajo fianza, Teddy Bautista dimite -él dice “renunciar”, que suena más suave-, varios ayuntamientos se envalentonan y plantan cara a la SGAE, se suprime el canon digital -“ahora” parece que no era justo ni equitativo-, los tribunales donde decían digo ahora dicen Diego, Sinde dice “yo no he sido”, y Alejando Sanz que se siente utilizado. En fin: un verdadero jaleo.

El veranito de los robos…

Casi a la vez, nos enteramos que el Códice Calixtino ha desaparecido del Archivo de la Catedral de Santiago, tres de cuyas partes  incluyen música polifónica del “ars antiqua“. En seguida, las dudas: porqué se percataron tan tarde, quién tenía libertad para pasearse por el archivo, cómo puede suceder esto en unas instituciones en las que para acceder a sus fondos es necesario hacerlo casi “desnudo”, si es un encargo, un secuestro… incluso hay tiempo para bromas como la de que se trata de la promoción de una novela de Susana Fortes, la huella del hereje

Quizá este suceso haya removido la conciencia de un hombre de 63 años que en 2006 fué detenido por arrancar y robar partituras corales del Archivo Histórico de Barcelona, de la Biblioteca de Catalunya y de la Biblioteca Pública Arús. Esta semana ha sido condenado a dos años y medio de prisión y a pagar una indemnización de 113.785 euros. El amor a la música llevado al extremo a veces se paga caro…

Menos mal que hay buenas noticias…

Para acabar la crónica de los últimos quince días, tenemos noticias positivas para el mundo de la documentación musical: con dos donaciones, la de  la Discográfica EMI de 414 discos compactos de música clásica a la Biblioteca Nacional de España, y la de la familia de Enric Casals, hermano de Pau Casals, que ha hecho lo propio hacia el Archivo Nacional de Catalunya donando 183 partituras hace sólo cuatro días, se aumenta el Patrimonio Musical a disposición de estudiosos e investigadores.

También en Barcelona, la Biblioteca de Catalunya ofrece, hasta el 31 de julio, una interesante exposición de manuscritos e impresos musicales de la Edad Media y del Renacimiento conservados entre sus fondos.

Sólo quince días demuestran la cara y la cruz de la gestión de los fondos musicales en nuestro país. Hay muchas más cosas que contar, pero lo dejamos para otras entregas.

Tertulia sobre archivos musicales y derechos de autor en Radio Clásica

Sigue leyendo

A %d blogueros les gusta esto: